AUDIENCIA PÚBLICA EN ATACO

Alcaldesa de Ataco pide audiencia pública por el caso del título y la licencia aprobada en su Municipio

Para Rodríguez el proceso de licencia se cumplió sin que la Alcaldía y la población conocieran y discutieran su viabilidad e impacto ambiental.

AUDIENCIA PÚBLICA EN ATACO - TOLIMA -

Carolina Rodríguez, alcaldesa de Ataco, radicó ayer un documento en la Gobernación del Tolima, en el que le solicita a la Administración Departamental que realice las gestionen pertinentes ante Cortolima para que se cumpla una audiencia pública en su localidad para que sea explicado el proyecto minero que cuenta con el permiso ambiental de la Corporación, el cual solamente trascendió a la opinión pública después del escándalo mediático entre la mandataria local y el ex senador Mauricio Jaramillo por presuntas presiones para el paso de una maquinaria.

Por su parte, el Departamento elevó de manera oficial, tal como lo había señalado esta semana, una carta en donde se le solicita al presidente Juan Manuel Santos su intervención en este caso.

Claridad
En el documento remitido a Óscar Barreto Quiroga, el día anterior, le menciona la Alcaldesa que “...por medio del presente escrito me permito solicitarle como miembro del Consejo Directivo de Cortolima y Gobernador del Departamento, gestione ante esta autoridad ambiental, la celebración de una audiencia pública ambiental, con el objeto de dar a conocer a las organizaciones sociales, a mi comunidad atacuna y demás entidades públicas y privadas la existencia del proyecto, obra o actividad encaminada a las explotación económica de un yacimiento de oro y sus concentrados, conforme al contrato de concesión HF5 113 en un área de 129 hectáreas y siete mil metros cuadrados, otorgado en la cláusula cuarta del contrato correspondiente a Elsy Pacheco de Ospina”.

Para Rodríguez resulta absolutamente necesario que Cortolima explique en que consiste el proyecto ante la comunidad, pues el proceso está en el área de influencia de la quebrada Paipa y se otorga una concesión de agua de 0.2 litros por segundo de la quebrada El Tigre, de los cuales depende el abastecimiento del líquido del casco urbano, con aproximadamente cinco mil usuarios.

Las contradicciones
Si bien la licencia ambiental fue aprobada el primero de diciembre de 2010, solo hasta el 11 de agosto de 2011, mediante oficio 13968, Cortolima enteró a la Alcaldía del otorgamiento de la licencia ambiental, concesión de aguas y aprovechamiento forestal del proyecto.

Reseña Rodríguez que “el programa para dicha explotación minera se cumplió sin que la Alcaldía y la población conocieran y discutieran su viabilidad”.

A su juicio, esta situación resulta extraña por parte de la autoridad ambiental, pues la misma Corporación, mediante resolución2738 de septiembre de 2010 declaró el estado de emergencia en el Tolima, ordenando la suspensión de toda actividad aurífera.

Advierte la Alcaldesa que “el área a explotar por parte de la titular de la licencia ambiental se ubica aproximadamente a dos kilómetros del caso urbano, sobre la vía que comunica a Ataco con Planadas, en las veredas Anape y El Aviso, en donde se encuentran las quebradas Tigre y Paipa, que finalizan en el río Saldaña”.

Adicionalmente, sobre esta zona se encuentra un sitio conocido como La Calera que es usado como balneario y lugar turístico.

PELIGROS
Sostiene que “la planta de  tratamiento de agua potable del Municipio está situada a un kilómetro de la desembocadura de la quebrada El Tigre, lo que podría generar una contaminación por aire, suelo y agua si se llegase a ejecutar esta actividad”.

Recuerda que dada la cercanía con el Municipio, esta zona tiene como prioridad la actividad agraria y ganadera, pues en dicha área de influencia hay 200 hectáreas de arroz, cultivos de Pancoger, fincas ganaderas, granjas avícolas y porcinas.
“En épocas de invierno los derrumbes que se presentan sobre la quebrada Paipa amenazan representativamente el abastecimiento de agua para la cabecera municipal, y con la pemisibilidad de esta explotación, se agudizaría aún más esta problemática.

“La utilización de cauces y riberas podría traer consecuencias ambientales destructivas, tales como la degradación, la erosión, el revenimiento de suelos y el cambio nocivo del lecho de aguas.

“En términos de salubridad pública, la alteración del ambiente con sustancias peligrosas contaminantes como mercurio, utilizadas en este tipo de explotaciones mineras, va a interferir en el bienestar y salud de la comunidad, especialmente en la población infantil”, manifestó Rodríguez.
Alertó porque este proyecto, el cual no era visible públicamente, viene alterando los ánimos en la localidad y está a punto de activarse manifestaciones sociales.

Se le pide a la Gobernación y a Cortolima que la audiencia se cumpla en un término no mayor a 30 días, que sean convocados expertos, la directora de Cortolima, Carmen Sofía Bonilla y se designe una Comisión Técnica para evaluar la vigencia de la licencia 4344 y/o su revocatoria.

De igual manera que se tenga en cuenta el comunicado de prensa expedido por Usosaldaña, y publicado por EL NUEVO DÍA, en donde el distrito afirma que no fue tenido en cuenta como tercero interviniente, y que solamente fue convocado cuando la licencia ya existía.

CARTA
El pasado 16 de agosto, el gobernador del Tolima, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en donde le dice que “le solicitó de la manera más respetuosa la necesaria intervención del Gobierno nacional frente a la problemática planteada, en particular por parte del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ingeominas, y las demás autoridades que usted dirige”.

Dentro del proceso de acción popular que adelanta la Procuraduría Ambiental, que se surte en el Tribunal Administrativo del Tolima para tomar medidas relacionadas con la explotación minera en los municipios del sur, en donde se pretende invertir dos mil millones de pesos provenientes de regalías, la carta del Gobernador al Presidente le señala que “escuchada la intervención de Cortolima, en dicha diligencia, el magistrado ponente (José Aleth Ruiz), dejó manifiesta su preocupación ante la falta de compromiso de dicha Corporación por no presentar un proyecto claro y específico encaminado a garantizar la recuperación del daño ambiental en la zona de explotación minera”.