PRESUNTAS PRESIONES EN ATACO - TOLIMA -

Óscar Barreto Quiroga, gobernador del Tolima, calificó a la alcaldesa de Ataco, Carolina Rodríguez, de valiente por sus denuncias ante la presunta presión por parte de copartidarios del liberalismo.

(Foto: FOTOS ARCHIVO / EL NUEVO DÍA)

Barreto le pedirá a Juan Manuel Santos que intervenga en el tema de la minería en Ataco

Extrañamente, Lohi SAS habría sido constituida con un capital de 10 millones de pesos, cinco meses después de que se expidiera la licencia ambiental por parte de Cortolima.

El gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, le pedirá al presidente Juan Manuel Santos, que a través del Ministerio de Medio Ambiente sea investigado el caso de la minería en Ataco, en donde extrañamente fue expedida una licencia ambiental a favor de un particular de manera soterrada.

Por su parte, Usosaldaña, emitió un comunicado de prensa en donde reseña que no fue tenido en cuenta como tercer interviniente en el otorgamiento del permiso a favor de Elsy Pacheco de Ospina.

Como si fuera poco, este medio de comunicación tuvo acceso a información en la que se destaca que la sociedad Lohi SAS, el operador del polémico título, fue constituida cinco meses después de la aprobación de la licencia ambiental.
Los hechos

La semana pasada se generó un escándalo después de que la alcaldesa de Ataco, Carolina Rodríguez, habría recibido presuntas presiones por parte del ex senador y secretario General del Partido Liberal, Mauricio Jaramillo, para que 'protegiera' una maquinaria para una explotación aurífera de 129 hectáreas en área rural de esta localidad que había sido neutralizada por las autoridades.

En el proceso intervino Mireya Ariza, representante legal de la compañía operadora Lohi SAS, y miembro del Tribunal de Garantías del Partido, quien defendió la actuación de Jaramillo y confirmó que sin conocerlo le pidió el favor de que hablara con la mandataria local, pero para que protegiera la maquinaria importada desde Barcelona, España.

Consultada Cortolima, la opinión pública se enteró que este título o concesión minera estaba a nombre de una mujer identificada como Elsy Pacheco de Ospina, quien firmó un contrato de operación con Lohi SAS (ver recuadro).

Pacheco puso como lugar de residencia una vivienda de la Novena Etapa del Jordán en Ibagué, en donde actualmente no se encuentra y cuyo lugar de residencia es un misterio. 

Hasta este punto se cuestiona la capacidad económica de Pacheco para que le fuera otorgado un título por parte del Ingeominas y la licencia de Cortolima, para extraer 120 mil gramos de oro al año, unas 388 onzas troy,  siendo la única autorizada para la explotación del preciado metal en Ataco.
Pronunciamiento

Precisamente, quien rompió su silencio este fin de semana fue el gobernador, Óscar Barreto, quien durante la visita a varios proyectos que se cumplen en Ibagué, mencionó que “uno se sorprende con este tipo de situaciones o mejor lo dejan a uno preocupado. Allí hay un doble discurso o una doble moral.

“Uno no entiende como dirigentes políticos se estén rasgando las vestiduras por el tema de Cajamarca  (La Colosa) y al mismo tiempo estén abogando porque los dejen ingresar una maquinaria.

“A la gente se le olvida que en el pasado hubo marchas campesinas para proteger la cuenca del Saldaña. 

“(...) esas llamaditas para esa maquinaria son para acabar las fuentes de agua de los cultivadores de arroz del sur del Tolima y afectan seriamente la construcción del Triángulo del Sur.

“Es lamentable, que personas que hacen parte de la dirigencia del Partido Liberal, terminen como tramitadores de estos temas”, destacó Barreto.

Recordó que con la Procuradora Ambiental y Agraria del Tolima se surte un trámite legal ante el Tribunal Administrativo que obliga al Departamento  y a la Nación a realizar unas obras de mitigación en Ataco, tras el impacto de la minería ilegal.

“Hay unos dos mil millones de pesos procedentes de regalías que deberán adjudicarse mediante licitación, para resarcir los daños de la minería ilegal en Ataco; sin embargo, después de conocer esta situación yo le voy a decir al Gobierno que es mejor que devolvamos la plata, pues nada hacemos con invertir en la reparación de los daños en la zona, mientras Cortolima expide una licencia ambiental, con el agravante de que nadie sabía de este tema.

“Le voy a pedir al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, que investiguen esa situación.

“El Gobierno nacional autorizó la recuperación militar de la zona el año anterior, expedimos unas medidas restrictivas en el Tolima, estamos en la actualidad en un proceso legal para la recuperación de este sector, y ahora aparece una licencia aprobada a escondidas, lo que hace caer la situación en un mar de contradicciones”.
 Apoyo

Barreto dio su apoyo a la alcaldesa de Ataco, Carolina Rodríguez, a quien calificó de valiente por dar a conocer estas irregularidades.

“Hay un total respaldo a la señora alcaldesa que tuvo el valor para denunciar lo que está sucediendo, siendo insultada y maltratada.

“Mire como es la vida, ahora el abusivo no es el señor (Jaramillo) que llamó a presionarla, sino que es ella (Rodríguez) quien defiende la institucionalidad y la ley. 

“Ahora dicen que la van a llenar de demandas cuando su único pecado es hacer cumplir una normatividad. La mandataria cuenta con el apoyo de esta Administración”.

Agregó el Mandatario que no es concebible que directivos del liberalismo del orden nacional estén actuando como tramitadores de negocios que acaban con el agua y el medio ambiente de los tolimenses, amparados en un discurso lleno de doble moral.

“Para qué el Gobierno nacional va a invertir 700 mil millones en el Triángulo del Tolima, si algunos directivos del partido Liberal quieren acabar con la cuenca del Saldaña; y en este proceso Cortolima aprueba licencias ambientales a escondidas”.
Usosaldaña

El distrito de riego de Saldaña, Usosaldaña, a través de un comunicado de prensa, cuestionó la actuación de Cortolima en la expedición de la licencia a favor de Elsy Pacheco de Ospina, quien firmó un contrato de operación con Lohi SAS, representada legalmente por Mireya Ariza, también, miembro del Tribunal de Garantías del Partido Liberal.

En el documento se reseña que: “Frente al polémico caso de la licencia ambiental otorgada por Cortolima a la señora Elsy Pacheco de Ospina para la explotación aurífera en Ataco (Resolución 4344 del primero de diciembre de 2010), es nuestro deber aclarar a la opinión pública, y tal como lo hemos denunciado ante los organismos de control, que como directos afectados con este tipo de proyectos, en el otorgamiento de esta licencia, se le violó a Usosaldaña su derecho de tercero interviniente para hacerse partícipe de las diligencias concomitantes y subsiguientes a la solicitud presentada”.

Menciona el texto que “esta aseveración tiene su razón de ser en el hecho de que pese a que Usosaldaña desde el año 2009 solicitó a Cortolima el reconocimiento como tercero interviniente en el trámite de las solicitudes para el otorgamiento de la licencia ambiental no fue tenido en cuenta, y solo se concedió esta calidad después de haberse otorgado, por parte de Cortolima, la licencia a la señora Elsy Pacheco de Ospina. 

“Por esta razón no se comparte las explicaciones dadas por la autoridad ambiental a EL NUEVO DÍA el pasado jueves 11 de agosto”.

Sobre el contrato entre Pacheco y Lohi sas

Si bien la licencia ambiental a nombre de Elsy Pacheco de Ospina se expidió el primero de diciembre de 2010 por parte de la autoridad ambiental, este medio de comunicación conoció que el operador Lohi SAS solamente se inscribió ante la Notaria Novena de Bogotá el pasado 24 de mayo de 2011, con un capital autorizado de 10 millones de pesos.

El registro de la sociedad con la cual Pacheco firmó el contrato de operación nació oficialmente cinco meses después de aprobada la licencia ambiental por parte de Cortolima.

Una vez registrada la compañía en la capital de la República, y pasados seis días, es decir el 30 de mayo de 2011, aparece el contrato de operación firmado entre Pacheco y Lohi SAS, en la Notaría Segunda de Ibagué a las 2:50 de la tarde.

Extrañamente, en la cláusula 14 del contrato entre Pacheco de Ospina, poseedora del título (HF5-113) y ganadora de la licencia ambiental (resolución 4344 de Cortolima) firmado con Lohi SAS, aparece lo siguiente: 

“El término de iniciación del contrato comenzó a regir el pasado 19 de abril de 2011, fecha en la que cobro fuerza ejecutoria la licencia ambiental expedida por Cortolima”.
A juzgar por las fechas, la empresa se habría creado para operar exclusivamente el título minero de Pacheco.

El objeto de la sociedad Lohi SAS reza: 'extraer, beneficiar, industrializar, comercializar, exportar e importar bienes y servicios en el sector minero en general; minería en general, explotación de minas y canteras: extracción y aglomeración de hullas' etc.

Como representante legal aparece inicialmente Rafael Hierro Valcárcel, quien también es representante legal de la empresa española Gestión Preventiva, especializada en 'prevención de riesgos laborales', con domicilio en Barcelona, España.

La ciudad catalana, es el mismo destino de donde procede la maquinaria decomisada por la alcaldesa de Ataco, según refirió la miembro del Tribunal de Garantías del partido Liberal, Mireya Ariza, a este y varios medios de comunicación locales.