Alma Máter enreda al Alcalde
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de Pereira, Israel Londoño Londoño y los directivos de la Red Alma Máter, Luis Enrique Arango Jiménez, actual rector de la UTP y José Germán Toro Zuluaga, por tres convenios suscritos por Alma Máter con la Corporación Minuto de Dios, la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de la Guajira, los cuales no tienen suficiente justificación legal.
Los mismos hicieron que la directora del Icbf, María Elvira Forero, respondiera disciplinariamente ante la Procuraduría.
Arango Jiménez y Toro Zuluaga figuran como representantes legales de Alma Mater en la firma de los convenios, así como el alcalde de Pereira, Israel Londoño, y al gobernador de la Guajira, Eduardo Pérez Bernier.
El Ministerio Público encontró que los convenios se suscribieron bajo la modalidad de contratación directa, sin justificar su necesidad, y con una duración de entre 90 y 150 días.
Además, tienen modificaciones en su valor hasta por 600 millones de pesos.
La Procuraduría consideró que detrás de estos convenios -cuyo valor supera los 8.000 millones de pesos cada uno- se estarían escondiendo posibles casos de nómina paralela. Según la investigación, Alma Máter subcontrató a profesionales y técnicos para realizar funciones que debía cumplir el Icbf directamente. Las labores se hicieron sin la supervisión de la entidad.
Arango Jiménez y Toro Zuluaga figuran como representantes legales de Alma Mater en la firma de los convenios, así como el alcalde de Pereira, Israel Londoño, y al gobernador de la Guajira, Eduardo Pérez Bernier. El Ministerio Público encontró que los convenios se suscribieron bajo la modalidad de contratación directa, sin justificar su necesidad, y con una duración de entre 90 y 150 días.
Además, tienen modificaciones en su valor hasta por 600 millones de pesos.
La Procuraduría consideró que detrás de estos convenios -cuyo valor supera los 8.000 millones de pesos cada uno- se estarían escondiendo posibles casos de nómina paralela. Según la investigación, Alma Máter subcontrató a profesionales y técnicos para realizar funciones que debía cumplir el Icbf directamente. Las labores se hicieron sin la supervisión de la entidad.
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