AÚN LLORAN LA PÉRDIDA

La licorera, un barco sin timón que naufragó

Funcionarios de la Gobernación aseguraron que para la indemnización de los 150 extrabajadores se vendió parte de la maquinaria, como herramienta de trabajo y chatarra.

El presidente de la Asamblea, Guillermo Díaz, explicó que en el lote donde funcionó la empresa se construirá un centro comercial de ventas populares.

“En un barco sin timón y en un centro comercial de ventas populares terminó la Empresa Licorera de Nariño”, así lo dijo el diputado Eduardo Vicente Benavides al explicar que en el terreno que quedó de la industria se propuso la construcción de un claustro universitario. 

Afirmó que el lote de 3.5 hectáreas de extensión que estaba avaluado en aproximadamente $4.000 millones, fue vendido por la Gobernación a un grupo empresarial de la ciudad de Cali por aproximadamente 5.000 millones de pesos. 

“Si bien en la Asamblea nunca estuvimos de acuerdo en que el predio se venda para ese tipo de obras y a pesar de que así se lo hicimos saber al mandatario seccional, hizo

caso omiso”, señaló. Benavides precisó que desde la Corporación Pública se propuso en reiteradas ocasiones que en dicho sitio se financiara la construcción de un hospital, un escenario de alto rendimiento deportivo o un salón de convenciones para la Cámara de Comercio de Pasto.

El diputado señaló que la maquinaria que en su época fue comprada para ampliar la producción de las bebidas fue vendida para el pago de las indemnizaciones que a sus extrabajadores debía hacer la desaparecida empresa, mientras que otras herramientas fueron desvalijadas por la delincuencia común.
“Considero que el afán de la Administración seccional por comercializar el lote donde funcionó la licorera era el de recaudar fondos para cumplir con los compromisos económicos que en diferentes municipios hizo a través de los cabildos”, manifestó. Resaltó que en varias poblaciones de Nariño el mandatario seccional les prometió a las autoridades y a sus habitantes el desembolso de millonarias sumas de dinero que van desde los 20 a 60 millones de pesos. “Para no quedar mal con sus promesas la Gobernación lo que está haciendo actualmente es vender al departamento por pedazos”, afirmó el diputado Benavides.

Génesis del caos 

El diputado recordó que la crisis de la empresa de licores se empezó a vislumbrar en el año 2000 y que los directivos de ese entonces en lugar de buscar mecanismos que permitieran sacar ese ‘buque’ a flote, con su liquidación lo que hicieron fue mandarlo a ‘pique’. 

Destacó que esa decisión fue fatal para la ciudad de Pasto y el resto del departamento, porque fue más de un centenar de padres de familia los que literalmente quedaron en la calle.
Aseguró que la ‘politiquería’ y la carga burocrática fueron los principales causantes del fin de una empresa que se había sostenido con el paso de los años. “Al darse cuenta que la cosa ya no daba resultados, optaron por lo mas fácil: cerrarla”, subrayó el diputado. Destacó que esa fatal determinación incrementó los niveles de pobreza y desempleo en la capital nariñense, debido a que era la única industria de la ciudad que ayudaba a la generación de fuentes de trabajo. 

“Si bien la salud y la educación perciben recursos por el trago que se vende a través de la maquila, se puede asegurar que los ingresos están por debajo de las márgenes establecidas. Muestra de ello se evidencia al conocer que el departamento de Nariño, el cual hace cuatro años figuraba en las listas de primera categoría, ahora está en los directorios de segunda categoría”, afirmó.

Carga tributaria 

El presidente de la Asamblea, Guillermo Díaz, precisó que el sostenimiento de ese lote se había convertido en una carga financiera adicional para el departamento. Por ese concepto dijo que durante cuatro años la Gobernación tuvo que cancelar $400 millones durante cuatro años por impuesto predial.
Como parte de pago aseguró que la Administración seccional entregó a la Alcaldía media hectárea de terreno, donde según Díaz la Administración local tiene proyectada la construcción de la Secretaría de Desarrollo Social. 

También explicó que en dicho lugar se tiene prevista la edificación de un centro comercial de ventas populares.

A paz y salvo

Liliana Pantoja, funcionaria de la oficina departamental de rentas, explicó que todos los empleados que en su época tuvo la Empresa Licorera de Nariño fueron liquidados de acuerdo con la ley. También aclaró que ese proceso se realizó como en cualquier entidad. 

Recalcó que la licorera y la Gobernación eran dos personas jurídicas diferentes y que su cierre se hizo bajo los estatutos legales. Agregó que la maquinaria se vendió dentro del proceso jurídico y que una de ellas es del Instituto de los Seguros Sociales, siendo este uno de los principales acreedores. 

Humberto Martínez, quien estuvo como gerente liquidador, explicó que en la licorera trabajaron 150 personas, de las cuales 15 de ellas eran de libre nombramiento y remoción, mientras que las 135 restantes eran obreros sindicalizados.

Aunque afirmó desconocer el monto real que a la licorera le costó el pago por indemnizaciones, aseguró que la empresa quedó a paz y salvo con todos los extrabajadores.
Destacó que a pesar de eso presentaron demandas porque, según ellos, fueron despedidos sin justificadas causas. “Varios de esos procesos cursan en los juzgados de las ciudades de Pasto y Bogotá”, indicó.

Pérdidas acumuladas

El asesor del despacho y encargado de la comercialización de licores del departamento de Nariño, Andreas Quast, manifestó que la industria licorera se liquidó hace más de 10 años porque así lo obligaron las pérdidas acumuladas.

Recordó que la industria funcionaba en predios del departamento y cuando se liquidó se vendieron los activos y que únicamente quedaron las edificaciones. “Una vez se hizo el avalúo la Gobernación le compró esas mejoras para su liquidación y fue entonces cuando el departamento quedó con el lote, el cual era de su propiedad”, explicó el funcionario. Destacó que la Administración seccional al adquirir las edificaciones saneó la propiedad el cual se vendió por subasta a unos empresarios de la ciudad de Cali. Respecto a la maquinaria dijo que el gerente liquidador vendió la maquinaria como herramienta de trabajo y chatarra.

De otra parte dijo que el esquema que se implementó hace más de cinco años ha sido benéfica para el departamento, primero porque no tiene una infraestructura burocrática y quienes laboran allí son funcionarios de planta adscritos al despacho del gobernador de libre nombramiento y remoción.
“El resto de actividades que se ejecutan en la maquila se hacen por contrato de obras y sólo trabajan cuando hay producto. Es decir actividad que se hace se paga”, indicó. 

Explicó que en los ingresos tiene una ventaja muy grande, la cual subrayó que tiene que ver con la no entrega de créditos. “Es decir que el aguardiente y el ron se distribuyen mediante la previa consignación de los dineros”, afirmó. 

Señaló que por ese factor los recursos entran directamente a las arcas de la Gobernación.
“La contratación de la maquila con la Industria Licorera de Caldas garantiza una economía de escala, es decir que el producto resulta más económico de esa manera que elaborarlo en la licorera”, sostuvo.
Agregó que al año se obtienen 70 mil millones de pesos, de los cuales 35.000 millones corresponden a la venta de ron y los otros 35.000 millones a la comercialización de aguardiente. 

“Actualmente estamos vendiendo cerca de 3 millones de unidades de aguardiente anuales y un millón de unidades en ron. Por ello el 60% de la proporción es de medias y el 40% en botellas”, expresó.