VÍCITMAS DE LA TRATA DE BLANCAS

VÍCTIMAS DE LA TRATA DE BLANCAS

En el Departamento los municipios donde se registra el mayor número de víctimas son Pasto, Ipiales y Tumaco.

De acuerdo con un informe revelado por el Observatorio Departamental del Delito, en los tres últimos años 30 mujeres de diferentes regiones del país fueron llevadas a Ecuador a través de engaños para ser explotadas sexualmente, delito conocido como trata de personas.

El informe que hace parte de un estudio de la entidad señala, además, que las mujeres víctimas de estos hechos tienen entre 20 y 30 años de edad.

Se da a conocer también que en el departamento los municipios donde se registra el mayor número de trata de personas son Pasto, Ipiales y Tumaco.

En Nariño las organizaciones que trabajan para prevenir este fenómeno son el Observatorio Departamental del Delito, la Fundación para el Desarrollo y la Paz,

Fundepaz, y el Comité Departamental para la Lucha contra la Trata de Personas.
Según las investigaciones del Comité Departamental para la Lucha contra la Trata de Personas, la mayoría de mujeres víctimas de este delito son procedentes de Medellín, Bogotá, Valle del Cauca y del Eje Cafetero.

Esclavitud contemporánea


Cabrera agregó que los delincuentes utilizan a Nariño como región de paso, especialmente a Ipiales y a San Miguel (Putumayo), regiones ubicadas a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana.

“Esta red criminal tendría también ramificaciones en Centroamérica y en los Estados Unidos, la cual se lucra del tráfico de personas, que caen generalmente por ingenuidad". 

Sostuvo que las investigaciones han avanzado tanto, que "sabemos que es una red internacional que tiene nexos en Asia y áfrica. Se calcula que unos mil extranjeros de esos países han pasado por territorio colombiano buscando llevar personas a los Estados Unidos".
Según un informe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se ha capturado a integrantes de esta red en Ipiales, Cartagena y San Andrés.

Pero el problema no sólo involucra a mujeres. El estudio identificó casos de explotación laboral infantil, turismo sexual con niños y reclutamiento forzado.

Turismo sexual 

En cuanto al turismo sexual, el comandante del Segundo Distrito de Policía, mayor Néstor Pineda, manifestó que este es otro fenómeno que afecta a la frontera.

Indicó que para prevenir el delito se realizan campañas en los hoteles y residencias en coordinación con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con el objetivo de conocer si sus ocupantes portan sus documentos de identificación en orden.

“Debe ser un trabajo de todos. No es sólo cuestión de lealtad del gremio hotelero, es una cuestión de seguridad y de solidaridad con los niños y adolescentes para acabar con la explotación y capturar a los que fomentan esta actividad”, señaló.

"Mientras en municipios como en Los Andes existen infantes trabajando en minas y en Ipiales hay mujeres que son trasladadas a Tulcán, Ibarra y Quito para ser explotadas sexualmente, también jóvenes y niños traspasan las fronteras cargando un fusil”, añadió. 

Entre tanto el comandante de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Ernesto Gonzales, manifestó que grupos armados al margen de la ley en el Ecuador se llevan a los menores de edad a integrar sus filas, hecho que también hace parte de la trata de personas.

“Los violentos reclutan a menores de diferentes regiones de nuestro país, especialmente en el sector de Santa Bárbara, La Fama y el cantón de Sucumbíos”, agregó.

Por estos y varios casos denunciados se creó el Comité Interinstitucional de Lucha contra la trata de personas, que busca fortalecer a las entidades del Estado encargadas de la investigación y judicialización.

Vulneran derechos 

La presidenta de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad, Asmubuli, Fidelia Suárez, señaló que en el municipio de Ipiales también se presentan casos de trata de personas.

“En esta región también se presentan estos casos, mujeres a las cuales se les vulneran los derechos. Existen denuncias, pero las autoridades no hacen nada al respecto”, agregó.

Sostuvo que hay mujeres que escogieron la prostitución como un trabajo cualquiera, pero que otras son obligadas. Indicó que muchas provienen de regiones del centro y norte de Colombia, así como de Ecuador.

Caso particular

Andrea Revelo, una joven de 15 años de Ipiales, fue víctima de este crítico panorama en el vecino país. Ella cuenta la manera cómo a través de engaños fue introducida a Ecuador para luego ser explotada sexualmente.

"Me llevaron a Tulcán, supuestamente para trabajar en un centro comercial, pero todo fue un engaño. Fui obligada a prostituirme en un centro de diversión nocturna. Me amenazaron que si no cumplía sus órdenes le harían daño a mi familia que reside en Ipiales”, explicó.

Con la impotencia de no poder regresar al pasado y cambiar su suerte, ángela recomendó a las mujeres, especialmente a las menores de edad, dudar cuando un desconocido les ofrece un trabajo con un excelente salario.

“Lo hice por necesidad, quise ayudar a mi familia y sin embargo terminé haciéndole daño. Fueron los meses más horrorosos de mi vida. No le deseo esto a nadie. Todo ocurrió por desconocer la manera cómo actúa esta red que lo único que busca es enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás”, añadió.
Además hizo un llamado a las jóvenes para que no se dejen engañar por estos delincuentes e informen a las autoridades si conocen acerca de la red que opera en la frontera.
Previenen delito 

Desde 1996 el Gobierno constituyó un Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, mediante el Decreto 1974.

A través de la Ley 985 de 2005 se adoptaron medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. 

Está conformado por catorce entidades, entre las cuales se encuentra el Ministerio del Interior, entidad que ejerce la Secretaría Técnica. 
Las funciones del comité son asesorar, coordinar, elaborar, recomendar y proponer las políticas, estrategias, acciones, campañas e investigaciones relacionadas con la trata de personas y la política criminal que la sustenta.
A partir de las funciones de planeación de la política criminal y la política pública del Estado para la prevención, asistencia y protección a víctimas y posibles se elaboró la estrategia nacional.
La política colombiana de lucha contra la trata de personas está orientada a la adopción de medidas que permitan prevenir el fenómeno, brindar protección y asistencia para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las víctimas.

Este delito se ha tipificado de manera progresiva, actualizando su legislación de acuerdo con los desarrollos normativos internacionales e incrementando las penas. 

La estrategia nacional es adoptada mediante decreto por el Gobierno Nacional, según el art. 4 de la ley 985 del 2005. Las acciones competen a otras ramas del poder público u órganos autónomos, y que por su naturaleza no puedan ser dictadas por decreto serán adoptadas por la dirección de cada entidad por medio del acto administrativo correspondiente.